La jueza instructora Rosa María Freire, afirma que con el borrado de los ordenadores, el Partido Popular de Rajoy "impidió la realización de una diligencia relevante en una causa criminal de indudable trascendencia" en referencia al caso de la caja de dinero negro "b", con la que se pagaron sobresueldos, durante 23 años, a los dirigentes de la organización criminal.